La denuncia de Grabois/Texto completo

Texto completo de la  denuncia de Grabois. Denuncia penal por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita a Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Christine Lagarde y David Lipton en Comodoro Py. Acá la denuncia completa: https://t.co/zj89AJKZRW https://t.co/h4qYbOgcq8

FORMULA DENUNCIA. ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA EN

PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD

Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y

ASOCIACIÓN ILÍCITA

Señor Juez Federal:

JUAN GRABOIS, abogado inscripto bajo la matrícula del Colegio

Público de Abogados de la Capital Federal, Tomo 109, Folio 944, por derecho propio me

presento y respetuosamente digo:

I. OBJETO

Vengo a formular la presente denuncia penal, en los términos del

artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación, contra el Presidente de la Nación, Ing.

Mauricio Macri; Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda de la Nación; Christine Lagarde,

ex Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional; David Lipton, Director Gerente

Interino del Fondo Monetario Internacional y demás funcionarios del gobierno nacional y

agentes de la organización financiera internacional que pudieran resultar responsables por

los hechos que se describirán a continuación y que se subsumen en los artículos 174

inciso 5º, 210 y 248 del Código Penal.

II. HECHOS

1. ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS

DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

El martes 8 de mayo de 2018 el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio

Macri, anunció la decisión de solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI) una “línea

de apoyo financiero para la Argentina” ante las condiciones “más complejas” que existen a

nivel internacional. En un mensaje grabado, que fue difundido a través de diversos medios

de comunicación y por las redes sociales, aseguró haber dialogado antes de su mensaje con la titular del FMI, Christine Lagarde, quien le indicó que “hoy mismo” comenzarían a

trabajar “en un acuerdo”.

El 7 de junio de ese año el FMI anunció en su página web un

entendimiento de su personal técnico con la República Argentina para la celebración de un

acuerdo stand-by de tres años por cincuenta mil millones de dólares. Se informó allí que

“[…] las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han alcanzado

un acuerdo sobre un Acuerdo Stand-By de 36 meses que asciende a USD 50.000 millones

(equivalente a aproximadamente DEG 35.379 millones o alrededor de 1.110% de la cuota

de Argentina en el FMI). El acuerdo a nivel del personal técnico está sujeto a la aprobación

del Directorio Ejecutivo del FMI, que examinará el plan económico de Argentina en los

próximos días.Las autoridades han anunciado la intención de girar contra el primer tramo

del acuerdo, pero posteriormente tratarán el préstamo con carácter precautorio […] ”. 1

La titular del FMI sostuvo en aquella ocasión que el plan había sido

concebido e instrumentado por el gobierno argentino, que “pretende fortalecer la

economía en beneficio de todos los argentinos” y que con el mismo se brindaría respaldo

financiero para apuntalar la confianza del mercado “dándoles a las autoridades tiempo

para abordar un abanico de vulnerabilidades de larga data”.

El 20 de junioel Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó

el acuerdo stand-by de cincuenta mil millones de dólares.

El artículo 60 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas

de Control del Sector Público Nacional establece que las entidades de la administación

nacional no pueden formalizar ninguna operación de crédito público que no esté

contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica y

que dicha ley debe indicar un mínimo de características de las operaciones de crédito, a

saber: tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa; monto máximo

autorizado para la operación; plazo mínimo de amortización y destino del financiamiento.

Asimismo, establece que si las operaciones de crédito público de la administración nacional

no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de

una ley que las autorice expresamente.

En su último párrafo, el citado artículo exceptúa del cumplimiento de

estas disposiciones a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo

Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte.

Es decir,delega en el Poder Ejecutivo la facultad constitucional del Congreso de

contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación con organismos financieros

internacionales.

Con todo, lo previsto por el último párrafo del artículo 60 de la

Ley 24.156 no se encuentra vigente. En efecto, dicha ley fue sancionada con

anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que modificó las condiciones

de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo (artículo 76 de la Constitución Nacional).

La cláusula transitoria octava de la Constitución reformada estableció que “la legislación

delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los

cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación

ratifique expresamente por una nueva ley”. Vencido este término, sucesivas leyes fueron

prorrogando el plazo de vigencia de la legislación delegada preexistente a la reforma

constitucional. La última de estas leyes fue la ley 26.519 que prorrogó esta legislación a

partir del 24 de agosto de 2009 por el plazo de un año. Vencido el mismo, el Congreso no

sancionó una nueva prórroga, razón por la cual el 24 de agosto de 2010 caducó toda la

legislación delegada preexistente a la reforma constitucional que no contenía plazo

establecido para su ejerciciopor lo que perdieron vigencia, entre otras normas, el

último párrafo del artículo 60 de la ley 24.156.

En consecuencia, de acuerdo con la legislación vigente, es atribución

exclusiva del Congreso de la Nación arreglar el pago de la deuda interior y exterior

de la Nación así como decretar empréstitos y operaciones de crédito para urgencias

de la Nación o empresas de utilidad nacional (artículos 4 y 75 incisos 4º y 7º de la

Constitución Nacional).Asimismo, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional

atribuye al Congreso de la Nación la facultad de “aprobar y desechar tratados

concluidos […] con las organizaciones internacionales […]”. Esto implica que la

intervención del Congreso debe ser previaa la ejecución de cualquier tipo de

acuerdo o tratado con dichos organismos. Por ende, no puede sostenerse que la

sanción de la Ley de Presupuesto para el período fiscal de 2019 implique una aprobación tácita del acuerdo en cuestión, puesto que claramente la Constitución

Nacional establece que la aprobación de estos acuerdos por parte del Congreso debe ser

previa a su ejecución, lo que no aconteció en este caso.

Por lo expuesto, la celebración y ejecución de los acuerdos por parte de

las autoridades argentinas con el Fondo Monetario Internacional se corresponden con los

supuestos de hecho descriptos en el artículo 248 del Código Penal.

En efecto, el Presidente Macri y otros funcionarios del gobierno

nacional, cuyas conductas deberán ser investigadas, celebraron un acuerdo con el Fondo

Monetario Internacional sin la previa intervención del Congreso de la Nación que

establece en forma inequívoca la Constitución Nacional. Esta conducta constituye

por tal razón un abuso de poder e incumplimiento de los deberes de los funcionarios

públicos, tipo penal cuya ilicitud se caracteriza por el uso abusivo o arbitrario de la función

pública en tanto es utilizada como instrumento para violar la Constitución o las leyes

(D’Alessio, Andrés et al., Código Penal Comentado y Anotado, p. 795).

Cabe destacar que el tipo penal alcanza tanto a los funcionarios que

dictan resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o

provinciales así como también a quienes las ejecutan. Ninguna de estas conductas

podría haberse realizado sin el concurso de la Sra. Lagarde y de los más altos

agentes del Fondo Monetario Internacional (artículo 45 del Código Penal).

En consecuencia, además de responsabilizar penalmente a quienes

incurrieron en las conductas aquí descriptas, el Señor Juez deberá declarar la nulidad total,

absoluta e insanable de los acuerdos celebrados en forma ilegal con el Fondo

Monetario Internacional, en función de su facultad de ejercer el control de

constitucionalidad de los actos de gobierno, descartando que cualquier otro acto jurídico

pueda subsanar el vicio de origen de estos convenios.

2.ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En octubre de 2018 se anunció un nuevo acuerdo, el mayor en la

historia del organismo que dirigía Lagarde, que elevó la asistencia financiera al país a cincuenta y seis mil trescientos millones de dólares hasta 2021. El nuevo acuerdo comenzó

a gestarse tras el mensaje del Presidente de la Nación transmitido por YouTube el 29 de

agosto, día en el que la cotización del dólar superó por primera vez los cuarenta pesos. En

dicho mensajeel Presidente anunció que se había acordado con el Fondo Monetario

Internacional el adelantamiento de los fondos establecidos en el programa acordado en el

mes de junio. Este nuevo acuerdo fue desmentido por el vocero del FMI, Gerry Rice, quien

afirmóen cambio que el organismo había estado trabajando con las autoridades argentinas

“para fortalecer el acuerdo respaldado por el Fondo a la luz de la reciente evolución de los

mercados”.

El nuevo acuerdo puso en evidencia que el programa original

resultaba insuficiente para asegurar la capacidad de pago de la deuda. A principios

de junio del corriente año, la ex Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional

sostuvo que el organismo a su cargo “subestimó” la situación “complicada” de Argentina al

inicio del programa con el organismo de crédito. En palabras textuales, Lagarde afirmó

que “varios actores, entre los que me incluyo, subestimamos la situación”.

Para más, es preciso señalar que la modalidad del empréstito al que

accedió el Poder Ejecutivo Nacional incluye la aceptación de condicionalidades que

restringen la autonomía de los poderes constituidos para fijar la política económica, fiscal,

financiera y monetaria de nuestro país.

La conducta delictiva descripta en el parágrafo anterior no requiere de

ningún perjuicio o daño de índole alguna vinculado a ella. Sin embargo, dicha conducta fue

el medio comisivo de un gigantesco fraude en perjuicio de la administración pública

nacionalque no podría haber sido cometido sin la participación de la señora

Christine Lagarde (artículo 45 y ss. del Código Penal) quien, para ello, debió violentar

incluso el Reglamento del Fondo Monetario Internacional, en particular el capítulo L sobre

transferencias de capital. En efecto, el Presidente de la Nación, la Sra. Lagarde y los

agentes del Fondo Monetario Interanacional, así como las autoridades del Ministerio de

Hacienda de la Nación y del Banco Central de la República Argentina, no podían

desconocer las limitaciones de la República Argentina en sus capacidades de

repago. Es evidente que al afirmar, a pocos meses de modificado el acuerdo original, que se subestimó la situación de nuestro país, la Sra. Lagarde pretende presentar como

negligente una conducta manifiestamente dolosa.

La Sra. Lagarde y los agentes del FMI que participaron de la

elaboración, aprobación y ejecución de los acuerdos con las autoridades argentinas, no solo

conocían que el Congreso era el único órgano con competencia constitucional para

celebrar un acuerdo de las características del realizado, sino que también conocían

las dificultades del Estado argentino para cumplir con el mismo.

Además, tal como han expresado públicamente agentes técnicos del

Fondo Monetario Internacional, tanto el acuerdo original como las revisiones posteriores

han tenido como finalidad principal la de asegurarle a los acreedores externos privados el

pago de los servicios e intereses de la deuda externa y la estabilidad cambiaria, es decir,

asegurar lafuga de capitales.

En la medida en que los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo

Nacional, en forma ilegal, implican un menoscabo al patrimonio público nacional, tanto

por las condiciones allí establecidas así como por su incapacidad de repago y los

condicionamientos que, en consecuencia, se dictan en materia de política económica, fiscal,

financiera y monetaria, que redundan en mayor ajuste en perjuicio de nuestro pueblo, y por

la aplicación de estos fondos al financiamiento de la fuga de capitales, la celebración del

acuerdo y su ejecución se encuadran en el tipo previsto por el artículo 174 inciso

5ºdel Código Penal, en concurso con el delito del artículo 248 de acuerdo a lo expresado

en el parágrafo anterior.

3. ASOCIACIÓN ILÍCITA

Los acuerdos celebrados con el Fondo Monetario Internacional,

además de causar un grave perjuicio a la administración pública y, en consecuencia, al

bienestar del pueblo argentino, conllevaron una restricción a la soberanía política de

nuestro país que ha quedado, a partir de su entrada en vigencia, sometido a este organismo

internacional que define los lineamientos centrales de la política económica, fiscal,

financiera y monetaria de la República Argentina. Entre las condicionalidades del acuerdo

stand-by celebrado con el FMI, cabe destacar las siguientes: reducir el déficit primario a 1,3% en 2019 y equilibrio fiscal en 2020 (meta, ésta última, que posteriormente se revisó y

se adelantó a 2019); reducción de subsidios; recorte en la obra pública; hacer

“financieramente sostenible” el sistema de seguridad social, etc.

En efecto, la contraprestación principalque obtiene el Fondo

Monetario Internacional por el crédito otorgado no consiste en el cobro de intereses sino

en la posibilidad de incrementar su injerencia en la determinación de la política económica

de nuestro país, lo que favorece intereses de diversa índole, en primer término, como ya se

ha mencionado, el de los especuladores financieros. La Argentina se ha convertido en un

país clave para el Fondo Monetario Internacional dado que el sesenta y uno por ciento de

sus créditos son de la Argentina. El Presidente Macri, por su parte, ha procurado con estos

acuerdos lograr cierta estabilidad cambiaria hasta las elecciones de este año y, con la

anticipación de los desembolsos, privó al futuro gobierno de ese financiamiento y postergó

compromisos de pago imposibles de afrontar.

Para más, se ha sometido a los recursos naturales de nuestro país como

garantía de pago de la deuda, renunciando a la inmunidad soberana del Estado sobre los

bienes de su dominio privado, todo lo cual compromete la independencia económica de

nuestro país y, por ende, el derecho de autodeterminación de los pueblos, norma de ius

cogens receptada por el artículo 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que gozan de

jerarquía constitucional en función de lo previsto por el artículo 75 inciso 22 de la

Constitución Nacional.

El acuerdo que el Fondo Monetario Internacional celebró con el

gobierno argentino, y su posterior revisión, es a todas luces excepcional tanto por el monto

de los fondos concedidos –al punto que, como se mencionó, suman el sesenta y uno por

ciento de la cartera de créditos del organismo– como por sus condiciones y, en particular,

las facilidades condedidas en octubre pasado y la flexibilización permitida en abril de este

año al aceptar la eliminación de las bandas de intervención del Banco Central en el mercado

cambiario y autorizarsu intervención –por medio de la compra de dólares– ante la

volatilidad de ese momento. En efecto, el día que se anunció el fin de las bandas de

intervención, el actual Director Gerente Interino del FMI, David Lipton, firmó un

comunicado que decía que “Argentina está enfrentando una situación desafiante en  los mercados financieros. El personal del Fondo informó hoy al Directorio Ejecutivo del FMI

sobre la reciente volatilidad del mercado experimentada por los activos argentinos y la

recalibración de las políticas de intervención anunciadas por el Banco Central de la

República Argentina. Los Directores Ejecutivos expresaron su apoyo al marco que

sustenta el Acuerdo Stand-By y la implementación de esas políticas por parte del gobierno”.

Ese mismo día, el Director de Comunicaciones del FMI, en un breve mensaje, expresó:

“[e]l Banco Central de la Argentina introdujo importantes medidas para abordar la reciente

volatilidad del mercado financiero y del tipo de cambio. Apoyamos estas medidas, que

están adecuadamente calibradas para los desafíos que enfrenta la Argentina”. En definitiva,

es evidente la excepcionalidad del acuerdo, de su revisión y de la flexibilización posterior,

que no han tenido otra finalidad que la contribuir a la reelección del actual gobierno con

una estabilidad ficticia y temporal del mercado cambiario con el enorme costo en términos

económicos y de soberanía política que ya hemos detallado.

Con estos fines y no otros se celebró el acuerdo en cuestión en junio de

2018 y se acordó su modificación en octubre de ese año. Pero con anterioridad a la

celebración del primer acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario

Internacional, se urdió entre las partes, bajo órdenes del Presidente Macri y de la ex

Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde,y con la intervención de funcionarios

del gobierno argentino y de agentes de dicho organismo, un mecanismo de crédito

ilegal para financiar la especulación financiera, a pesar de la incapacidad de pago

de nuestro país y a sabiendas de las consecuencias que ello tendría en términos de

restricción de la soberanía política. Esta decisión de violar la ley, previa a la celebración

del acuerdo, en sí misma “afecta la tranquilidad de la población en general” (D’Alessio, cit.,

p. 679)puesto que la organización para delinquir es una conducta que, aun cuando no

causare lesión alguna, produce alarma y temor en la población por lo que pudiere suceder.

En efecto, el insigne maestro de la escuela toscana, Francesco Carrara,

sostenía que los únicos elementos motivadores que autorizaban a crear una clase de delitos

autónomos que afectaran la “tranquilidad pública” eran aquellos hechos que en sus

efectos conmocionaban a las multitudes generando el sentimiento del propio

peligro. Sostenía que el peligro se potencia y se agrava no solo por la naturaleza y el carácter indefinido que se proyecta sobre la tranquilidad pública, sino por la falta de

previsión de que puedan repetirse en el futuro.

En consecuencia, entiendo que en el momento en el que el Presidente

Macri y la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, junto con las máximas

autoridades del Ministerio de Hacienda de la Nación, del Banco Central de la República

Argentina, y otros funcionarios del gobierno nacional y agentes técnicos del organismo,

decidieronponer en marcha los mecanismos necesarios para la celebracióndel acuerdo –que

aquí hemos sindicado como ilegal y constitutivo del delito de abuso de poder y violación de

los deberes de los funcionarios públicos, en concurso con el delito de fraude a la

administración pública–constituyeron una asociación ilícita que de inmediato

comenzó a realizar los actos preparatorios de los delitos ya descriptos.

Por sus funciones, cabe señalar al Presidente Macri y a la Sra. Lagarde

como jefes de dicha asociación ilícita y a las máximas autoridades del Ministerio de

Hacienda de la Nación y del Banco Central de la República Argentina como sus

organizadores.

Con respecto a la exigencia de permanencia que contiene el tipo penal,

cabe destacar que, desde su constitución, la organización criminal denunciada ha

demostrado una estabilidad que revela la existencia de un contexto delictivo plural y

permanente y que los intervinientes no se organizaron de improviso ni en forma

transitoria. En efecto, la cooperación entre sus miembros se caracteriza por una actividad

continuada que no se corresponde con la cooperación necesaria característica de las formas

de participación delictiva previstas en el Código penal. El delito de sus miembros es

permanente y dura en tanto subsista esa actividad continuada y plural que, en este caso, se

inició con los primeros contactos entre el gobierno argentino y las autoridades del Fondo

Monetario Internacional, y que luego permitió la concreciónde los delitos para los que se

constituyó, con la celebración de los acuerdos. Esta asociación se mantiene en el presente

por la vigencia de dichos acuerdos.

III. PRUEBA

Se ofrece la siguiente prueba: A. Documental.Información sobre el acuerdo con el Fondo Monetario

Internacional publicada en las páginas web del Poder Ejecutivo Nacional y de dicho

organismo.

B. Informativa.

1. Se solicita se ordene librar oficio al Poder Ejecutivo Nacional a fin

de que remita copia certificada del acuerdo stand-by firmado entre el Poder Ejecutivo y el

Fondo Monetario Internacional en junio de 2018 y de su modificación acordada en el mes

de octubre de ese año, así como del expediente administrativo por el cual se tramitó dicho

acuerdo y del acto que ordenó su celebración.

2. Se solicita librar oficio al Banco Central de la República Argentina

afinde que remita copia certificada de los dictámenes previos al acuerdo en los que haya

evaluado cómo habría de impactar el mismo en la balanza de pagos (requisito previsto por

el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera).

IV. PETITORIO

Por todo lo expuesto, se solicita:

1. Se tenga por presentada la denuncia penal aquí formulada.

2. Se cite a ratificar la presente denuncia y a suministrar toda otra

información complementaria de que se disponga.

3. Se cumpla con la vista al Ministerio Público Fiscal.

4. Se dé curso a la presente denuncia ordenándose la investigación.

Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad.

SERÁ JUSTICIA