Justicia para Corrientes/TÉLAM

Leemos en TÉLAM http://memoria.telam.com.ar/noticia/corrientes--la-represion-de-1999--investigada_n1857

El Estado nacional asumió la responsabilidad por la represión en Corrientes, en diciembre de 1999

La Presidenta firmó hoy un Acta Compromiso con familiares de las víctimas de la represión en 1999 en Corrientes, donde el Estado Nacional asume su responsabilidad y se compromete a reparar los hechos. En el acto de la firma la Presidenta aseguró que "hoy venimos a dar el reconocimiento también a quienes fueron víctimas de la represión en 1999, y que como no encontraron justicia en la Argentina tuvieron que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien también participó del acto, dijo: "Una vez más el gobierno nacional repara los daños a los derechos humanos, sociales y económicos causados por gestiones anteriores". Además, remarcó que "lo hace con el convencimiento con que reparó todos los derechos afectados durante décadas de olvido y de políticas antisociales".

El 17 de diciembre de 1999 fuerzas de seguridad reprimieron ferozmente al pueblo que se movilizó en las cercanías del Puente General Belgrano que une la ciudad de Corrientes con la provincia del Chaco.

La Secretaría de Derechos humanos recordó mediante un comunicado que en aquella jornada hubo  dos muertos, Mauro César Ojeda y Francisco Escobar, y veintiocho heridos de bala entre la población civil.

En el Acta firmada esta tarde, el Gobierno se compromete a dar impulso a la investigación penal, identificando y sancionando a los autores materiales e ideológicos de las muertes y lesiones. También se compromete a impulsar las investigaciones sumariales administrativas respecto de todos los que intervinieron en el operativo, incluyendo a quienes ya han tenido su retiro efectivo.

La primera querella, y la que viene

La firma del Acta probablemente signifique el desistimiento de la querella iniciada por los familiares de las víctimas. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de una acción del mismo Estado nacional contra los funcionarios que actuaron durante la intervención federal en Corrientes y que ordenaron la represión en diciembre de 1999, a saber: el ministro del Interior Federico Storani; el interventor federal en Corrientes, Ramón Mestre; elñ secretario de Seguridad Enrique Mathov y el intendente interventor de la ciudad capital, Oscar Aguad.

La causa promovida por particulartes había sido caratulada como "querella criminal y acción civil resarcitoria por la comisión de tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad". Fue patrocinada  por los abogados de las víctimas Daro Alejandro Esquivel y Manuel Cuevas.

Esa querella estuvo un año demorada por "conflictos de competencia" entre la justicia provincial y federal, lo que fue denunciado por organismos de Derechos Humanos como maniobras dilatorias y simples chicanas, y que motivó el pedido de intervención de la CIDH.

"El accionar de Gendarmería nacional fue decisivo en el intento de acabar con la vida de civiles y lo revela de modo contundente los dos muertos y la cantidad de heridos", dice el texto de aquella primera denuncia penal. Testigos de los hechos relataron haber visto disparar contra la población civil a las fuerzas de Gendarmería y luego se especularía con la presencia de francotiradores.

"Ese proceder sobrepasó los límites de la prudencia y de milagro no provocó más muertes" –sostienen los abogados al tiempo que rechazan los calificativos de sediciosos y subversivos utilizados por el gobierno al ordenar la represión. "Es evidente que se trató de una acción dirigida con la con la indudable finalidad de matar". "La toma pacífica del Puente y/o calles son manifestaciones legítimas y genuinas de numerosos sectores sociales que han sido empujados a la desesperación por la situación económica", finalizaba el escrito.

Con la admisión de responsabilidad por parte del Estado, se satisface un pedido de la CIDH. Con la reparación a las víctimas, se cumple un acto de justicia. Y con la posible acción del mismo Estado contra los funcionarios actuantes, se esclarecería un hecho oscuro de nuestra historia reciente, no muy diferente de otros que desembocaron en la sangrienta represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, y que hoy se tramita en la justicia federal.